Hace cerca de ocho años el entonces candidato republicano a la presidencia, George W. Bush, ofreció a sus ciudadanos una presidencia guiada por lo que llamó compasión conservadora. Para muchos esta fórmula no era sino un ejemplo más de las típicas ofertas demagógicas que son tan frecuentes en épocas de elecciones y, por supuesto, nadie vio en ello un auténtico compromiso político y moral hacía la gente a la que supuestamente iba dirigido el mensaje: la clase media baja y la población pobre de los Estados Unidos. Lo que pocos, o nadie, pensaban era que G.W. Bush estaba siendo absolutamente sincero. Su presidencia se ha distinguido, en efecto, por ser notablemente compasivo con los sectores más conservadores de su país, es decir, con la población más rica a la que, en una ocasión memorable G.W. Bush denominó su auténtica base social. Hoy, a pocos meses de dejar la presidencia, Bush da una muestra más de dónde están sus inequívocas prioridades y del grado de compasión que siente por sus amistades. Está solicitando al Congreso de la Unión 700 mil millones de dólares para salvar de la quiebra a un puñado de grandes bancos e instituciones financieras y de seguros y lo hace, además, en nombre de los intereses de los contribuyentes que, de aprobarse la iniciativa, han de pagar por los errores y avaricia de los dueños y administradores de estas instituciones. Pero este episodio, que de no gestionarse adecuadamente puede detonar la mayor crisis financiera y económica de los Estados Unidos desde la crisis de 1929, no sólo es útil para reconocer una vez más las auténticas lealtades del presidente de los Estados Unidos –sobre las que, por lo demás, no hay misterio alguno– sino que es también extremadamente oportuno para comprender el porqué, según la fórmula de los economistas Raghuram Rajan y Luigi Zingales, el capitalismo necesita salvarse de los capitalistas. 
El mercado siempre ha tenido tantos defensores como adversarios. La actual confrontación entre globafóbicos y globafilicos no es, en realidad, sino una continuación por otros medios de una disputa que tuvo en los siglos XVIII y XIX protagonistas tan eminentes como Charles Montesquieu, James Steurat, Benjamín Condorcet, Thomas Paine y Karl Marx -por mencionar sólo unos pocos- y que se continuó a lo largo del siglo XX bajo las modalidades más diversas, entre las que no debe olvidarse la paranoia de la guerra fría. Sin embargo, en esta disputa pocas veces entre la nómina de adversarios al mercado se reconoce a los propios capitalistas toda vez que, según las prescripciones ideológicas al uso, estos deberían ser los principales defensores del libre mercado. La naturaleza de sus intereses y el modo en que éstos adquieren preeminencia en el funcionamiento del mercado es, se dice, garantía suficiente para ello. Pero no siempre es así. La historia reciente, por ejemplo, muestra que con mucha frecuencia las principales fuerzas en contra del libre mercado han provenido no de los sindicatos ni de las agrupaciones de izquierda más beligerantes o de los gobiernos más intervencionistas o populistas, sino justamente de los sectores empresariales o capitalistas más prominentes.
El mercado requiere para florecer y expandirse de una matriz institucional –social, cultural y política- que incentive, recompensando de diversos modos, la iniciativa, la innovación y la aplicación laboral. En tanto el mercado es un sistema abierto que beneficia a toda la sociedad es de interés público tanto generar la infraestructura jurídica, socioeconómica, educativa y técnica que maximice su capacidad de desarrollo como el mantener su funcionamiento libre de interferencias injustificadas o plenamente nocivas. Corresponde a los Estados proveer o el estimular que se cumplan estas dos condiciones en particular evitando o sancionando la formación de monopolios u oligopolios privados (y, en ocasiones públicos) y gestionando un sistema de normas y reglas que eviten que la búsqueda del interés privado lesione el interés público. Evitar los monopolios (públicos y privados) y una regulación nociva (sea por ser excesiva, disfuncional o inexistente) es, entonces, una de las mejores formas de proteger el desarrollo del mercado y es una de las principales responsabilidades de los estados modernos. Pero los estados están muy lejos de ser entes aislados que puedan hacer su trabajo o tomar sus decisiones haciendo caso omiso de los intereses, presiones o reivindicaciones de los más diversos sectores económicos y políticos. Por el contrario, los gobiernos, por definición, están sujetos día a día a estas presiones y de hecho parte del arte de gobernar –de obtener gobernabilidad- es saber equilibrar todas estas fuerzas que pretende influir en su quehacer. Con todo, este equilibrio nunca es simétrico ya que, resulta por demás decirlo, no todos los sectores sociales y económicos poseen la misma capacidad para influir en las decisiones gubernamentales. De hecho, este es uno de los activos políticos más desigualmente distribuidos. Así, lo usual es que los grupos económicos y políticos de mayor poder procuren orientar la toma de ciertas decisiones públicas o el cumplimiento mismo de las normas y leyes existentes, hacía donde estimen que les resultará más rentable. La promoción de la desregulación económica y la protección de monopolios de facto son, por lo general, dos cursos de acción enteramente previsibles en este escenario que atentan de manera muy poderosa al libre funcionamiento del mercado. Así, no es tampoco inusual que los capitalistas –los dueños y administradores no sólo de capital económico sino también del capital político- se vuelvan una fuerza, para utilizar la expresión de Fernand Braudel, de contramercado, es decir, que se vuelven contra la institución sobre la que edificaron su base de influencia.
Hoy en Estados Unidos, como hace algunos años en México con el tristemente célebre Fobaproa, los sectores financieros y bancarios están mostrando que sus tradicionales exigencias en contra de la regulación de sus actividades y de la intervención el Estado tenía un límite muy claro: el de sus propias quiebras, el de su propio debacle que, acaso, hubiese podido evitarse y prever bajo una adecuada y eficaz regulación, es decir, bajo una adecuada protección del libre mercado. Ahora, bajo la inspirada compasión conservadora de Bush, los mercaderes de las altas finanzas piden que los contribuyentes de su propio país y los sectores ahorradores de otros países, en especial -quien lo dijera- de China, un país en desarrollo pese a todo, vengan a rescatarlos. ¿No es hora, sin embargo, de salvar al capitalismo de los capitalistas?

El mercado no salvará al mundo: no está entre sus atributos y posibilidades el lógralo. Lo cierto, con todo, es que hasta la fecha las sociedades no han inventado o descubierto una institución que haga mejor lo que éste hace: incentivar el crecimiento económico, la creación de riqueza y la innovación. Pero el mercado necesita de una base institucional, de un medio ambiente que le permita crecer, un medio ambiente protegido por el Estado y la sociedad. Y esta protección debe hacerse muchas veces no tanto contra sus declarados adversarios sino, sobre todo, de quienes se dicen sus mayores defensores: los mercaderes de las altas finanzas, los propietarios y gerentes de los monopolios nacionales e internacionales y sus muchos ideólogos fundamentalistas. Si hay alguien que ha atentado contra el libre y equilibrado funcionamiento de los mercados son justamente estos sectores: es parte de sus prerrogativas de poder. La mejor defensa del mercado está, entonces, en encontrar el punto de equilibrio entre la legítima satisfacción del interés privado y el no menos legítimo fomento del interés público, es decir, encontrar un equilibrio institucional donde los vicios privados puedan convertirse efectivamente en virtudes públicas, para usar la añeja y afortunada expresión de Bernard Mandeville.