Pena de muerte, cadena perpetua e impunidad
Lo mataron en cautiverio. Manos criminales hicieron lo único que saben hacer, asesinar con todas las agravantes de ley. Dispusieron del bien supremo, la vida, la dada por sus padres, la quitada por ellos a tan sólo de cinco mil ciento diez días de haber nacido.
Fernando Martí Haik fue detenido en un retén que no era policiaco, sino una trampa mortal. Lo bajaron de su automóvil. Lo subieron al coche de la impunidad. Lo trasladaron a la casa de seguridad. Inició su camino a la muerte. Comenzó el angustioso viacrucis de sus papás.
La opinión publicada clama por algo más que justicia. Se alzan las voces de la sociedad lastimada. Los cercanos a la familia de los deudos condenan. Los mexicanos exigen esclarecer acabar con la impunidad. El gobierno con sus burócratas queda nuevamente en evidencia. Asumen el papel que quieren representar, el que mejor se les da ante la inseguridad: dejar hacer, dejar pasar.
Los principales actores políticos se mueven un poco de la tradicional postura: Emilio Gamboa Patrón, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados federal, se pronunció, a título personal, por la pena de muerte “si veo que esto sigue creciendo”. Gustavo Madero, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, a su vez, aseguró la seriedad de una propuesta del blanquiazul: cadena perpetua para secuestradores y matapolicías, aunque evidenció distracción al trabajo legislativo, porque el propio Senado tiene congelada, desde marzo de 2007, una iniciativa enviada por el Presidente de la República para castigar con mayor severidad las distintas modalidades del secuestro.
Y el Felipresidente Calderón reacciona el 7 del mes en curso informando que hará llegar otra iniciativa, pero ahora a la colegisladora, donde incluirá cadena perpetua para el secuestrador que sea o haya sido integrante de instituciones de seguridad pública; para quien secuestre a un menor de edad o persona incapaz; para quien lesione, mutile, torture y lastime gravemente, o prive de la vida a la víctima; y para quien secuestre a un menor de edad y lo pretenda llevar a otro país con fines de lucro. Al día siguiente hace llegar la anunciada iniciativa que reforma los artículos 25 y 366 del Código Penal federal; sustituye el término “cadena perpetua” por el de “prisión vitalicia”.
La estadística, tan fría como la muerte, sólo remite a dos opciones ante la consolidación de la miserable industria: prisión vitalicia o pena de muerte. Según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, del año 1994 a 2007, se tienen registrados 7,836 secuestros en México. El mayor número se dio en 1997 con 1,047. El menor en 2005 con 278.
Del ese total, 730 —entre adultos y menores—, fueron ejecutados en cautiverio: 10 en el sexenio de Miguel de la Madrid, 86 en el de Carlos Salinas, 256 en el de Ernesto Zedillo, 339 en el de Vicente Fox y 39 en el de Felipe Calderón durante el año pasado (Milenio, 5/8/08). Es decir, ocho de cada 100 no regresaron con vida a su casa. En el 2005 se presentó el mayor número, 78.
Tan deficiente como insuficiente es la impartición de justicia en el país: uno de cada cien presuntos delincuentes pisa la cárcel y una de cada 50 sentencias supera los 20 años (Fuente: SSP, CIDAC, La situación actual del sistema penal en México, 2006). El crimen le cuesta a México más de 100 mil millones de dólares.
Los juristas están en contra de la pena de muerte. Ilustran con la fallida experiencia de otros países, aunque —agrego— un buen número de ciudadanos y organizaciones dijo lo contrario: el 71 por ciento de los defeños se manifestaron por sí para acabar con los desalmados (Reforma, 7/8/08).
Los especialistas le hacen ver al Presidente lo inaplicable de su propuesta y le recuerdan que en la ley de la materia “existen castigos que equivalen en los hechos a la cadena perpetua”. En particular, el penalista Juan Velázquez funda su opinión en la numeralia: “En el país hay una impunidad de 98 por ciento de los delitos cometidos (...) 75 por ciento de nosotros no denuncia; de los que denuncian, los jueces libran sólo 50 por ciento de las órdenes de aprehensión y de esas hay un rezago que data de los 80 años” (Milenio, 8/8/08).
En cuanto a la impunidad, los flamígeros números de Pitágoras delatan: 16 de las 23 bandas de secuestradores descuartizadas por la Policía Federal durante la administración calderonista contaban entre sus alineaciones, al menos, a un elemento o exelemento de alguna institución de seguridad pública federal, estatal o municipal (Crónica, 10/8/08).
Para Héctor Aguilar Camín la inseguridad pública desaparecerá en la medida que los gobiernos locales dejen de ser cunas de impunidad. “Alcaldes y gobernadores sólo son capaces de castigar cinco de cada cien homicidios que se comenten en sus jurisdicciones. Gobiernan sobre verdaderos santuarios de impunidad” (Milenio, 11/8/08).
Todos claman por el regreso de la paz social. La experiencia tenida en Medellín —con dos millones de habitantes— demuestra que sÍ se puede, siempre y cuando exista una persona con el perfil de Sergio Fajardo, profesor de lógica que nada tenía que ver con la clase política profesional ni cobró la dolariza obtenida por el asesor en seguridad del gobierno del De Efe, Rudolf Giuliani, para acabar con lo nunca terminado, la impunidad.
La segunda ciudad de Colombia, Medellín, poseía (año 2003) una de las tasas de violencia más significativas en el planeta Tierra: 380 muertos por cada 100 mil habitantes. Los espacios territoriales estaban sitiados diariamente por militares, policías, narcotraficantes, sicarios y pandillas. Cinco años más tarde, en el 2008, los guarismos disminuyen significativamente: 28 fallecidos por el mismo número de habitantes.
Cuenta el columnista Luis Miguel González (Milenio, 8/8/08) que el señor Fajardo, autor del rentable proyecto, aglutinó el deseo de cambio para vencer el miedo, a través de la multiplicación del presupuesto para educación y cultura, hizo (entre otras cosas) mayores inversiones urbanas en los barrios pobres, construyó once colegios de gran calidad en zonas miserables, instaló cinco parques-biblioteca en los lugares con mayores índices de violencia, llevó de manera constante el servicio de recolección de basura a las zonas marginadas, como si se trataran de barrios ricos, y recuperó la propiedad más importante de los que nada tienen y todo carecen: la dignidad humana.
El señor Sergio Fajardo, escribe el propio periodista, “partió de la premisa de que los cientos de jóvenes reclutados por los grupos delincuenciales tendrían la voluntad para rechazar esa ‘invitación’ si tenían opciones” de progreso para su comunidad, desarrollo personal, bienestar familiar y empleos bien remunerados, que nada tienen que ver con proyectos para millonarios, megavelarias, islas sanmarqueñas, estadios sin victorias, pistas de carreras, montañas rusas y largas semanas de fiesta abrileña.
¿Pena de muerte, cadena perpetua o el combate a esa impunidad que cubre con su manto al 99.3 por ciento de los hechos delictivos ocurridos en México, donde sólo 7 de cada mil delitos son sancionados, según información del Instituto Ciudadano de estudios sobre Inseguridad a.c.?
Un abrazo con mucho aprecio
Para el buen Paco Gamboa López, director de El Sol del Centro. La muerte tocó el hombro de su señora madre, Doña Paula López viuda de Gamboa, que descansa en el reino de los cielos. Nuestro pésame sincero para él y su apreciable familia.
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